Por Teresa Gurza
La de varios sacerdotes suicidas fue entre otras, la noticia predominante de esta semana en Chile; con lo que nuevamente fue la Iglesia Católica una de las instituciones que dieron la nota.
El asunto que la detonó fue el intento de suicidio de Luis Eugenio Silva de 70
años y uno de sus más influyentes y mediáticos sacerdotes, quien deprimido por
supuestas acusaciones de abusos sexuales y por un cáncer de la piel, se cortó
cuello y muñecas, tomó medicamentos y abrió las llaves del gas; pero fracasó en
su intento y sigue hospitalizado.
El padre Silva había escrito varias cartas a su familia y comunidad parroquial
expresando su angustia por "rumores" en su contra; mismos que le habían sido
comunicados por el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati, quien ordenó se le
hiciera un “proceso de acompañamiento”, que consistía en pláticas y visitas de
otros sacerdotes a fin de observar sus estados de ánimo y cambio en sus rutinas.
Pero por lo que se vio, el “acompañamiento” no tuvo mucho éxito; y Silva se
salvó de morir por un pelo y sólo porque otros habitantes de la casa donde vive,
advirtieron un fuerte olor a gas.
Además de desempeñar sus tareas como sacerdote, Silva daba clases en una
universidad chilena y era comentarista de televisión.
Y si le hubiera resultado el intento de quitarse la vida, su caso hubiera sido
el cuarto de sacerdotes suicidas de los últimos 15 meses; sobre todos ellos,
existían “rumores” de presuntos delitos sexuales.
El primero fue el salesiano Rimsky Rojas, quien se quitó la vida el 28 de
febrero del año pasado agobiado por acusaciones de presuntos abusos deshonestos.
Siete meses más tarde, el 9 de septiembre, se mató el sacerdote René Aguilera.
Sufría de depresión, y pesaban sobre él acusaciones semejantes.
Mes y medio después, 21 de octubre, se suicidó el sacerdote asuncionista Jean
Pierre Boutilel, de 69 años, presuntamente por los mismos motivos.
La situación ha llevado a analistas políticos a preguntarse hasta que punto es
legal o conveniente someter a los curas, a controles para saber si sus conductas
están a la altura de lo que predican y quieren aplicar a los demás.
A poco de saberse que el padre Silva había intentado matarse, el arzobispado
emitió un documento informando lo sucedido; que ocurrió en momentos en que la
credibilidad de la Iglesia Católica chilena y sus ministros está fuertemente
cuestionada por las largas que durante años dieron a las denuncias contra otro
de sus sacerdotes emblemáticos, Fernando Karadima, quien fue finalmente
sancionado por el Vaticano y puede ahora ser sometido a la justicia civil.
Mientras tanto, continúan las denuncias contra otros sacerdotes abusadores.
El mismo día del intento de suicidio de Silva, fue condenado a 10 años de
cárcel el ex párroco de Melipilla Ricardo Muñoz de 56 años de edad, por
explotación sexual de cuatro menores.
Y en Concepción quedó en prisión preventiva el sacerdote Audín Araya ex rector y
cura de colegios Salesianos, y a quien se le imputan delitos contra de tres
escolares.
En la causa legal se afirma que sus superiores supieron de las denuncias; y que
incluso se entrevistaron con familiares de las víctimas, prometiéndoles que si
no lo denunciaban, lo quitarían de su puesto y evitarían nuevos contactos con
menores, lo que en principio fue aceptado.
Pero un año después, a mediados de 2009, al enterarse de que el sacerdote seguía
a cargo de niños en otro colegio chileno de la misma congregación, uno de los
jóvenes agredidos lo denunció ante la policía.
Y todo sucede poco después de que ante los escándalos por la tardanza en el caso
Karadima, la jerarquía diera a conocer un protocolo a través del cual seguirá
las denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos.
Protocolo que será aplicado por un Consejo Nacional para la Prevención de Abusos
contra Menores y Acompañamiento a las Víctimas, integrada por sacerdotes y
laicos.
Pero una de sus integrantes Ana María Celis, quien es también asesora de los
obispos, aclara que “no está hecho para una caza de brujas”.
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