ENSENADA.- Un grave daño patrimonial a los habitantes de Ensenada, fue el que le causaron los responsables de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, por la cantidad de 182 millones de pesos, por lo que esta tarde los diputados integrantes del Órgano Superior de Fiscalización, (OFSBC) no aprobaron la cuenta pública de Patrimonio de la citada paraestatal, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Lo anterior lo informó el diputado del PRD, Roberto Dávalos Flores, integrante de la comisión de fiscalización, quien dijo que no es posible que Ensenada sea una de los municipios que más padecen la escasez de agua y las autoridades de la Cespe, incurran dolosamente en estas omisiones que incluso deben ser motivo de ser investigadas por las autoridades correspondientes.
Este daño ocurrió el 21 de Mayo de 2007, cuando la entidad celebró un convenio con la empresa Tecnología y Control de Desperdicios, S.A. de C.V. y al despacho Valencia Valencia, Abogados S.C., a quien le incumplieron una licitación que por ley les correspondía.
Dicha empresa demandó y el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, les dio la sentencia a favor, avalando que el citado convenio establece en la Cláusula Segunda, el pago de los 182 millones de pesos por daños y perjuicios.
En este tema ventilado por el titular del OFSBC, Manuel Montenegro ante los legisladores integrantes de la comisión de fiscalización, se informó que el mencionado tribunal ordenó pagos de 101 millones 920 mil pesos lo que representa el 56% a la empresa Tecnología y Control de Desperdicios en mención y 80 millones ochenta mil pesos al despacho Valencia Valencia, Abogados S.C. que representa el 44%, montos que serían cubiertos del 21 de Mayo de 2007 al 1 de Diciembre de 2009..
Dávalos Flores, dijo que documentos presentados por el OFSBC, dan fe que la CESP Ensenada efectúo pagos por un importe de 54 millones 40 mil pesos, quedando un saldo por cubrir de 26 millones 40 mil pesos, el cual al 31 de diciembre de 2012 no se liquidó, incumpliéndose con la citada cláusula.
Esta situación la calificó el Diputado del PRD, como un robo al erario público de los ensenadenses, por la complicidad de las autoridades de la Cesp, de entregar una licitación a quien no le correspondía, por lo que no solo debe ser investigado por el órgano de control gubernamental del Gobierno del Estado de Baja California sino que el caso llegue a la instancia de Ministerio Público.
Más aún dicho incumplimiento, de acuerdo al convenio celebrado ha generado intereses moratorios al 31 de Diciembre del 2012, por un monto de 23 millones 205 mil 514 pesos, del cual 6 millones 477 mil 533 pesos corresponde al ejercicio 2012, mismos que no se han reconocido en sus registros contables.
Cabe señalar que el OFSBC señala que durante el ejercicio 2012, la entidad giró cheques a favor de Valencia y Valencia abogados S.C. por concepto de abono de convenio, por un importe de 3 millones de pesos, de lo anterior, la CESP Ensenada realizó registro contable disminuyendo el capital, y no a los intereses, observándose que el saldo registrado en el pasivo por 26 millones 40 mil pesos, no es correcto.
Esto, ya que no se han reconocido en registro contable los intereses moratorios generados, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 1969 del Código Civil para el Estado de Baja California, concluyó Dávalos Flores.
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