miércoles, 24 de junio de 2015

¿Una prueba de aprehensión sin pruebas... o una justicia a medias con sentencia completa?

Por Miguel Rojas Salazar
El caso de Anastasia presenta un claro ejemplo de dicotomía jurídica: Evidenciar la Justicia real o una extensa laguna de “oficiosidad” del sistema  en la que la prueba inicial ministerial  a base de tortura fabrica un delito acogido como confesional  ante el ministerio público y se cercena la prueba existente de inocencia si es que se tiene como resguardo en la defensa, para que el juez actúe como “parte” apegado a la ley sentenciando culpabilidad en base a esas pruebas.




De la teoría judicial  al juicio a posteriori ya no hay regreso,  una equivocación termina en la gravedad de 80 años de prisión a quien en este caso proyecta inocencia al menos teórica sin una muestra al 100% de culpabilidad y humanamente lejana a una isla social que percibe confusa antes que certera su acusación.



Desde la perspectiva social en Tijuana, este doble crimen  representa  un modelo antagónico entre la justicia y la verdad, más allá de “la palabra” de quien se dice inocente  basado en testimoniales y pruebas que suplen la flagrancia.



Socialmente se está condenando a una inocente desde la polémica  “fuente” como es el periodismo rojo, para vender una mentira si es que, como aboga el Lic. Gabriel González Celestino, Anastasia fue obra de una tortura, que ocultó   “el escaparate litigioso” de la nota roja para “ apoyar” a propósito o no,  a los investigadores en su análisis global estructural, la metodología de la investigación “enciclopédica” que ofrecen como  “La ciencia” que define acusatoriamente todo lo que ellos “sostienen” y que  ciertamente es subjetiva creencia porque termina siendo su “palabra” contra la “mentira”



Y en otro  “hueco” contra la Procuraduría General de Justicia que ha monopolizado su tesis existe otra  “macula”  si, como anónimamente     quien bajo el pseudónimo de “minister”  es cierta su  denuncia refiriendo que  Anastasia nunca fue “liberada” y se mantuvo en oficinas o casa de seguridad del grupo contra secuestros de la PGJE que se ubica en playas de Tijuana tras ser “presentada y declarada” ante el Ministerio Publico y refiere que el autor de la “exclusiva” Said Betanzos, es “cómplice” utilizado por los agentes que montaron la “obra”  y que Anastasia fue detenida junto a las 4 amigas con quienes vivía y fueron amenazadas por los “detectives” a cambio de su libertad para reusarse a hablar del tema.



El galimatías jurídico se retoma de la pregunta ¿Es peor condenar a un inocente que juzgar a un culpable? ¿ O realmente el abogado enfrenta en este caso, la defensa de un culpable o el sistema de justicia de BC  no corresponde a justo de buen rasero ofreciendo un culpable desde la fábrica de la tortura?



La condena popular pesa sobre los abogados que, conscientes de la culpabilidad de su cliente, argumentan en favor de su inocencia, cuestionando la validez y la fuerza de la evidencia en su contra.





Tendríamos que arribar a un análisis respecto a que “El proceso inquisitorial” es el proceso judicial característico del Derecho inquisitorial, cuyo principal rasgo consistía en la aplicación del principio inquisitivo (o de oficiosidad), en contraposición al principio contradictorio, conocido en boga como acusatorio o dispositivo.



Así, el sistema procesal penal de la Inquisición seguiría un modelo de justicia punitiva en el que una parte o todo “el tribunal” que dictará sentencia, es también parte interesada en el proceso penal, en lugar de una instancia imparcial entre dos partes enfrentadas.



Muchos juristas no aceptan la dicotomía entre sistema inquisitorio y sistema acusatorio.



Ese fue el tipo de proceso penal utilizado por la Inquisición desde su fundación a su extinción

La PGJE condena a la detenida sin ser juez y antes del término constitucional utilizando al medio que “vendió” su engaño, pues hizo culpable a Anastasia al “vapor” después salió “libre” y a falta de pruebas la Juez V  se “lavó las manos” pero se las volvieron a ensuciar en el mismo “charco” jurídico enfangado por  los ministeriales, presentándole con inusitada urgencia lo que complementaria su doble aprehensión y doble declaración.

A falta de que el término constitucional   sea auxiliar en su defensa la PGJE declaro a los medios literalmente “Falso que Anastasia, sea inocente” ni es su competencia declarar ni mucho menos adelantarse a quien corresponde juzgar.



Por estos tintes de apremio en el que se denota un importante interés de la Procuraduría de BC para que el caso se cierre y sea condenada culpable única, “desquiciada”, “drogadicta”, “satánica” y “maquiavélica” hay más interrogantes que aclarantes:  



¿Se condena a una inocente o se libera a un culpable?



¿La PGJE y el periodismo rojo de Tijuana: ¿Vendieron la misma mentira que les fue “vendida” o fueron “chamaqueados” con  el clásico boletinazo?

¡La Procuraduría condena a la detenida sin ser juez!



La subprocuraduría recrimina a Gabriel González Celestino  su postura jurídica  como estrategia  de defensa



AL PIE DE LA LETRA:  LA JUSTICIA LITERALMENTE ES: El Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada una de las partes  lo que le corresponde





“EL RETRASO DE LA VERDAD” Es la investigación que hace público lo privado…

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