Hay individuos, hombres o mujeres, que por el hecho de haber nacido en una familia con condiciones económicas holgadas, o en su caso, que tienen un determinado satus social, pueden hacer lo que les dé la gana. Lo que se conoce como simples caprichos.
Y tal vez, aunque se vea mal, en sus vidas privadas, pueden hacer lo que quieran. Al menor berrinche, los padres les han de haber satisfecho sus exigencias. Se mal acostumbran.
Pero nadie puede actuar por mero capricho, tratándose de asuntos de interés público. Por ejemplo, aunque los padres, posiblemente los consentían en todo, no podrían ser objeto de sus caprichos, el ponerle su nombre a una vialidad, destinarla para su uso exclusivo, o algo semejante.
Pues en Tijuana, existe un caso, de mayores dimensiones que el denominar a capricho de alguien, una vialidad. A alguien se le ocurrió, “sembrar”, entre los edificios del Palacio Municipal y el Centro de Gobierno del Estado, una enorme plaza, dizque para recreación y convivencia de los tijuanenses, denominada Zócalo 11 de Julio.
Bueno, ha habido otros caprichos. No de tal magnitud, pero sí de enorme trascendencia. El exalcalde panista, Jorge Ramos Hernández, concesionó un predio, contiguo al Palacio Municipal, para construir un estacionamiento público, bajo condiciones sumamente leoninas o ventajosas para los particulares. De manera absurda, a ese proyecto le agregó el espacio de una vialidad. Y nadie fue capaz de frenarlo.
Lo delicado del asunto, es que dicho estacionamiento fue clausurado, por la autoridad municipal, por serias fallas en su estructura. Lo peor, es que no existen planos de la obra. Pareciera que fue hecho por un grupo de albañiles, ante la complacencia de la administración municipal, que encabezó Jorgito Ramos.
En el caso del Zócalo, pasó algo similar. Se construye, contra la voluntad de muchas personas, que se han declarado defensores del Parque Benito Juárez, ubicado precisamente en la zona donde se pretende realizar tan espectacular proyecto. Curiosamente, según revelaciones de la autoridad municipal, no hay en sus archivos, planos o constancias de las obras. Por lo tanto, carece de autorización para su realización.
Absurdamente, la autoridad municipal no ha hecho nada para frenarlos. Simple y sencillamente, cierra los ojos. Se entiende, en el caso del exalcalde Carlos Bustamante Anchondo, porque estuvo casado con la mujer que encabeza e impulsa este proyecto, doña Carolina Aubanel Riedel, de forma tal que les dejó hacer, las obras iniciales, de lo que se conoce como “La Plaza del capricho”.
No se entiende del todo, en el caso del actual alcalde de Tijuana, Dr. Jorge Astiazarán Orcí, quien no supo deslindarse oportunamente. La única, aparente justificación, es el hecho de que doña Carolina es empresaria del ramo televisivo y el actuar, en contra de sus caprichos, podría causar su ira.
Sin embargo, todo indica que el Zócalo 11 de Julio, quedará en mero proyecto. Hace unos días, el 18 de Septiembre de 2015, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, decretó la suspensión definitiva de las obras tendientes a modificar las condiciones del Parque Benito Juárez. En especial, la pretensión de talar los árboles ahí existentes.
Ese es el alcance, de la sentencia interlocutoria dictada dentro del juicio promovido por José Guadalupe Alvarado Luna y otras personas, en contra del Presidente Municipal de Tijuana, bajo expediente 68/2015. El éxito jurídico lo logró el abogado José Angel Peñaflor Barrón, luchador social desde sus tiempos de estudiante.
La batalla, no ha sido nada sencilla. Bustamante Anchondo, en su momento, en lugar de escuchar a los defensores del parque, de madrugada los lanzó con la fuerza pública.
En días pasados, cuando se anunció lo de la consulta para determinar la posible regulación del servicio de transporte público, conocido como Uber, el columnista observaba que esta era innecesaria, pues se trata de un servicio que ya se está proporcionando. Lo único que falta, es adecuar la legislación del transporte y no simplemente tratar de justificar su no control, por no estar contemplado en la ley.
Y advertía, dos cosas. Una, que la libertad que se da a Uber, para operar, sería reclamada por los trasportistas tradicionales, obviamente bajo las mismas condiciones. Ya varios, están siguiendo el ejemplo de Uber y la autoridad no puede frenarlos, ni sancionarlos, al no existir disposiciones jurídicas aplicables.
Lo otro, que este ejercicio ciudadano, dará pie, para que otros sectores de la población, también lo reclamen. Se recuerda que en el caso de la creación de la Ciclovía, no se llevó a cabo consulta alguna.
Toca el turno a los comerciantes ambulantes, que han sido desplazados de la zona centro, que reclaman se realice una consulta para determinar si es que se les permite retornar a los sitios que durante años ocuparon en el primer cuadro de la ciudad.
Por lo que toca a la suspensión definitiva de las obras del Zócalo 11 de Julio, capricho que adjudican a doña Carolina, ahora sumada a la fila de los aspirantes a puestos de elección popular, por la vía de los independientes, cabe advertir que caprichos como estos, se toleran políticamente, pero judicialmente no.
Y, que no quede duda, la violación o incumplimiento a lo señalado en dicha resolución, implica sanciones económicas, pero también puede haber cárcel. Trátese de quien se trate. Dicen que el miedo, no anda en burro.
gil_lavenants@hotmail.com
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