viernes, 13 de enero de 2017

Expediente Político: Herencia de corrupción (...de la concesión de Grúas Salceda)

Por Alfredo Calva

A nadie le extraña la corrupción que se registro en la administración gubernamental del panista Silvano Abarca Macklis en el municipio de Rosarito, lo que sorprende a los funcionarios de la presente administración que preside Mirna Rincón Vargas, es que en cualquier área en que escudriñan la podredumbre emerge con fétido aroma, y con pruebas claras de las acciones ilegales e irregulares cometidas por Abarca y subordinados, bajo la mirada complaciente y aliada del Síndico Procurador, Tomás de la Rosa.

Especialmente en la Sindicatura Municipal es en donde se están encontrando con las acciones ilegales cometidas por Silvano Abarca y los integrantes del cabildo del VI Ayuntamiento, quienes buscaron maquillar de legalidad varias situaciones y acciones aprobandolas para beneficio de  los amigos y socios del primer edil, a cambio de remuneraciones económicas, en especie, o a través del otorgamiento de plazas para sus familiares o recomendados.
El actual titular de la dependencia fiscalizadora, Miguel Angel Vila, ya no se sorprende de la emanación de corruptelas que surjen en cada expediente que analiza, o que por cuestiones de operatividad tiene que revizar para su dictaminación correspondiente, especialmente en lo referente a la renovación de las concesiones de servicios que otorga el gobierno local a través de los procesos de licitación correspondientes.
El primer tema que surge por que ya debe de ser procesado para su renovación, es el concerniente al servicio de arrastre de vehículos que actualmente se encuentra en posesión de la empresa denominda Grúas Salceda, concesión que fue otorgada de manera indebida ya que contaba con un crédito fiscal de aproximadamente 900 mil pesos, monto que debía a las arcas municipales desde la administración del V Ayuntamiento que encabezó Javier Robles Aguirre, y que por esta razón fue obserbada por el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado.
 La indicación del ente del poder legislativo a la Sindicatura Municipal que en ese tiempo comandaba Tomás de la Rosa, fue la de reponer el proceso de licitación y adjudicación indebida que realizaron vía votación mayoritaria en favor de Grúas Salceda, cobrarle via el embargo el crédito fscal pendiente, y presentar una denuncia penal por el daño causado a las arcas municipales.
Ante la indicación del organismo fiscalizador, el Síndico simuló llevar a cabo las acciones sugerdidas para subsanar la ilegalidad cometida en el cabildo por instrucciones de Silvano Abarca, hicieron la parafernalia de embargar precautoriamente las unidades de Grúas Salceda, teatro que realizó con el apoyo del titular del área jurídica.
Los propietarios de Grúas Salceda fueron renuentes a cubrir el crédito fiscal aduciendo que el gobierno les debía una fuerte cantidad por el concepto de arrastre y almacenamiento de unidades, y que de ese monto a favor descontarán el crédito que tenían pendiente con el Ayuntamiento, sin embargo, no se lo aceptaron durante casi todo el trienio gubernamental de Silvano, por la oposición del recaudador de rentas, quién siempre antepuso lo señalado al respecto en la ley de ingresos que no lo permitía, primero debía cubrir el crédito, y posterior a ello, hacer hacer cuentas y cobrar lo que resultará.
Cansados de esta situación y ya cercana la fecha del cambio de gobierno, los socios, Silvano Abarca y Grúas Salceda, con la venía de Sindicatura, dos dias de dejar la administración, en sesión de cabildo y con un maquillaje legaloide, los integrantes del cabildo votaron a favor de que la deuda a Grúas Salceda se condonara, a cambio del monto que el Ayuntamiento le adeudaba por el concepto de arrastre y almacenamiento de vehículos.
Simple y rápido como debe de ser entre socios.
Hoy, de nueva cuenta Grúas Salceda pugna porque se le vuelva a entregar la concesión y para ello ya presiona a regidores y a la propia Sindicatura.
Solo falta ver si lo conseguirá.

Y mientras tanto….
Todos aquellos ilusos que creían que al término de la administracion del XXI Ayuntamiento concluiría la corrupción en la Dirección de Inspección y Verificación, que titulaba Antonio Olivas Heredia, uno de los corruptos subordinados del entonces Secretario General de Gobierno, y actual depredador del presupuesto del poder legislativo, Bernardo Padilla, se equivocaron rotundamente, la llegada de Luís Carreiro y su chofer Tomás Peña, con la intervención externa del ex director de la dependencia, Enrique González Ríos, a través de sus ejecutores Víctor Antuna y el encargado del área operativa de nombre Rubén, continúan con las prácticas de extorsión.

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