El grupo parlamentario del PRI encabezados por su coordinador, Alejandro Arregui, a través de lamentos quieren lavar su omisión e indolencia en el ejercicio de sus responsabilidades en el poder legislativo, que se mostró y demostró con el problema que surgió a raíz de la aprobación de la famosa Ley del Agua.
Los cinco integrantes tricolores de la XXII Legislatura del Estado, en conferencia de prensa dieron a conocer las actividades que han realizado en lo que va de su ejercicio a partir del primer día del mes de octubre del año pasado, intentaron destacar lo referente a su oposición a la aprobación y la consecuente abrogación de la Ley del Agua.
Agregaron, que con la abrogación de la Ley del Agua no existe otro ordenamiento que tienda a privatizar el servicio de agua potable y alcantarillado, que lo que se estipula en la llamada ley de las APP, respecto a la ejecución de obras hídricas con capital privado, no es indicativo de privatización de los sistemas.
Como Pilatos se lavaron las manos y culparon a la pasada legislatura de ser sus integrantes, veintitrés de los veinticinco diputados, los que con su voto aprobaron la denominada Ley de las Asociaciones Público Privadas conocida como Ley de las APP, ordenamiento que da paso a la generación de obras como las plantas desalinadoras que se construirán en Rosarito, San Quintín y la ciudad de Ensenada, y que quedaron asentadas en la misma ley en junio del 2016.
Al respecto señalaron, que existen sospechas de malos manejos y visos ocultos en los procesos de adjudicación de las obras que se encuentran plasmadas en la ley de las APP, que apenas se darán a la tarea para fiscalizar, sin embargo, se lamentaron de que en el poder legislativo no existan los equilibrios que permitan una verdadera revisión de las obras y la aplicación correcta de los recursos económicos, ya que el gripo parlamentario del PAN se arrogo las comisiones de presupuesto, hacienda y fiscalización, es decir, ellos al ser mayoría en el congreso le aprueban lo que quiere a su gobernador y ellos mismos lo fiscalizan, lo que ha venerado la fuerte inconformidad ciudadana y los constantes señalamientos de irregularidades cometidas por el ejecutivo.
Su afán de lavar a través de lamentaciones y quejas su omisión y falta de capacidad para realizar su trabajo en favor de los bajacalifornianos, no les permite entender de que ya deberían haber llamado a cuentas a l titular de la Sidue, Manuel Guevara, a fin de que explicara los procedimientos de adjudicación de las obras, y con base en que datos se establecieron los montos de pago mensualmente a las empresas que pondrán sus capitales para la realización de las mismas, y por su puesto, cual fue la base para determinar el un ero de años de estos pagos.
Es claro que, Alejandro Arregui, Bernardo Padilla, Patricia Ríos, Marco Antonio Corona y Benjamín Gómez, tratan de jugar y burlarse de la inteligencia de los ciudadanos, su apatía y falta de acción ante el problema que se genero por la aprobación de la Ley del Agua para defender a quienes les pagan sus onerosos salarios y sustanciales prebendas, los quieren engañar y pretenden revertir la situación inculpando a sus antecesores, sin asimilar y asumir su responsabilidad de transparentar todo los procesos de adjudicación y de pagos que plasmaron en la ley de las APP.
Con lamentaciones no se transparenta nada, y solo dejan la sensación de que están dolidos porque no les toco una rebanada del pastel legislativo de las comisiones.
VIDEO CORTESIA DE Isaí Lara Bermúdez.
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